Los acusados —J.P.S; B.M.V.V; M.L.R; R.V.V y I.M.V.J—, de común acuerdo y con el fin de reconocer un beneficio económico ilícito, a lo largo de los años 2006 y 2007 insertaron en diversos periódicos de tirada nacional y local una pluralidad de anuncios de trabajo consistentes en ‘chicos de compañía’.

Según el escrito de la Fiscalía, recogido por , el contenido de estos anuncios era contratar a las personas interesadas en la oferta publicitada, que se ponían en contacto a través de los números de teléfonos indicados en los propios anuncios para citarlos después con señoras en hoteles a cambio de una alta retribución económica.

Los acusadas M.L.R y I.M.V.J bajo control del acusado R.V.V, pareja sentimental de esta última, utilizando pseudónimos con falsa apariencia de veracidad, eran quienes un primer momento atendían por teléfono a los interesados, requiriéndoles inmediatamente de la obligatoriedad de pagar una cierta cantidad de dinero para poder acceder al trabajo solicitado, cantidad que se situaba entre los 300 y 400 euros

Realizado éste primer ingreso, las acusadas volvían a ponerse en contacto con las víctimas y mediante un ardid lograban convencerles de nuevo para la realización de uno o varios ingresos más, con la farsa de asegurar su presencia en la cita o en concepto de seguro de responsabilidad civil, con la promesa de que dichas cantidades les serían devueltas una vez finalizada con éxito el trabajo.

Mediante transferencia bancaria a diversos numeros de cuenta que ellas mismas facilitaban por teléfono a las víctimas y cuyo nombre de destinatario y titular de dichas cuentas bancarias constaba a nombre del a su vez del acusado J.P.S, quien retiraba diariamente de la sucursal bancaria las cantidades transferidas a las cuentas, con

el objetivo de entregarlas finalmente al acusado y principal cabecilla de la trama —B.M.V.V—, el cual se encargaba de recepcionar el

dinero y repartirlo entre los miembros integrantes.

Como consecuencia de éste entramado hubo una pluralidad de víctimas que creyendo en la veracidad del contenido del anuncio publicitado entregaron cantidades de dinero a los acusados, no siendo posteriormente ni devueltas dichas cantidades, ni tampoco lográndose ninguna retribución económica por el trabajo solicitado, ya que éste no llegaba finalmente a realizarse.

Los hechos constituyen un delito continuado de estafa por el que el fiscal también pide una multa de doce meses con una cuota diaria de doce euros a cada uno de los acusados, así como cada una de las cantidades que las víctimas ingresaron a petición de los acusados, que asciende a más de 200.000 euros.