Nuevas prioridades en los usos del agua

Ante la necesidad de adoptar medidas para evitar el deterioro a largo plazo de los aspectos cualitativos y cuantitativos de las aguas dulces, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobó el 23 de octubre de 2000 la Directiva Marco del Agua, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

El planteamiento de la Directiva Marco supone una redefinición de prioridades y una potenciación de objetivos de mejora del estado ecológico para satisfacer los servicios del agua, que para Consuelo Varela Ortega, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, conlleva a un cambio de visión de lo que es el binomio agua-agricultura, ya que “al adquirir la componente ecológica la misma importancia que el valor del servicio, se da paso al trinomio agua-agricultura como agroecosistema”, plantea Consuelo Varela, para apuntar que exite un vacío enorme entre esa visión que aparece en la Directiva Marco y la exigencia de producción de información y datos que supone para los países que tienen que cumplir esta Directiva.

No obstante, destacó que España es uno de los países que más ha avanzado en la Directiva Marco y en la producción de información, aunque todavía hay que completarla con un enfoque social.

Por ello, Consuelo Varela defiende que la tecnología por sí sola no puede resolver los problemas de la gestión del agua, ni en España ni en ninguna parte del mundo, sino que el gran reto para el cumplimiento de la Directiva Marco es la diversidad de información y de datos científicos, fundamentalmente de las ciencias ecosistémicas y de las ciencias sociales: la participación pública, cuáles son los modos de participación y cuáles son los grupos de interés, cómo participan estos grupos y qué procesos de negociación se tienen que establecer.

Por otra parte, además de este vacío entre el planteamiento de la Directiva y la enorme exigencia de producción de información, en el caso de España, según indica Consuelo Varela, se suma el confrontamiento de dos fuerzas contrapuestas, ya que “en nuesta organización político-administrativa se ha dado en los últimos años una enorme importancia a las Comunidades Autónomas y al territorio, frente a la Directiva Marco, que se tiene que aplicar en todos los países europeos y que establece como unidad de gestión la cuenca, cuya ubicación no se encuentra en una identidad territorial determinada, lo que provoca grandes problemas entre regiones”, señala.

Perspectivas de cuentas del agua

Puesto que el objetivo de la Directiva Marco es hacer compatible la mejora del medio natural con el desarrollo y el crecimiento económico, Carlos Mario Gómez, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, puso de relieve, en su intervención sobre la Directiva Marco, el importante esfuerzo que se está realizando por diseñar sistemas de información: “Todas las Confederaciones Hidrográficas han contratado estudios para establecer un sistema de cuentas que establezca relación entre economía y el medio ambiente para poder acomodar todas las actividades económicas dentro de unas restricciones ambientales”, manifestó.

A pesar de asegurar que habrá avances importantes en esta línea que terminarán dotando a la política de aguas de la transparencia necesaria, apuntó que poner esa información sobre la mesa “hará aflorar conflictos, puesto que hay usos poco productivos o poco eficientes que no se justifican con criterios económicos frente a otros usos de alta rentabilidad, de ahí que pueden surgir conflictos de uso o conflictos territoriales”, advirtió.

Análisis económico del precio del agua

Dado que la Directiva Marco ha introducido implícitamente la valoración ambiental del agua, Pablo Campos Palacín, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, realizó una propuesta de cuál sería la forma de medir el concepto del coste del agua que incorpora la Directiva Marco del Agua.

Debido a que el agua es un recurso regulado de dominio público que en gran parte no tiene una oferta en el mercado sino que funciona por concesiones, en su opinión, no hay un precio de oferta que tenga en cuenta los elementos claves de cualquier precio. Además, siendo el agua un recurso natural, esos componentes serían la renta del recurso, es decir, hay un propietario, el Estado, con un recurso natural que tiene una orden de arriendo, y unos propietarios privados, que tienen concedidas las cantidades fijas, con unos costes de gestión ya calculada, además de los costes habituales. Con estos componentes, la oferta del agua vendría dada por los costes, incluido el beneficio.

Por otra parte, Pablo Campos apuntó que la incorporación de un nuevo sector de demanda, la gestión ambiental, supondría una restricción al resto de usuarios que funcionaría como producción intermedia. Sin embargo, continuó, en España hasta ahora no hay un sistema de cuentas del agua que integre el precio del agua con los componentes económicos mencionados que la Directiva Marco recomienda y tampoco existen estudios de la demanda, si bien se están empezando a hacer para especificar algunas demandas, por lo que cree que será posible tener las cuentas económicas del agua que “reflejen un conocimiento de la realidad y una aproximación de cuál es la renta del sector agua, incluyendo la renta del recurso en función de las hipótesis que tengamos de las demandas conocidas”, teoriza.

Desarrollo agrario sostenible y uso eficiente del agua en La Mancha Occidental

Para afrontar el prolongado déficit hídrico que arrastra la cuenca alta del Guadiana, en concreto el acuífero 23, se ha elaborado el Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación va a contribuir al desarrollo sostenible de los usos agrícolas y económicos de la zona y permitirá la corrección de un déficit hídrico estructural existente en la actualidad.

Puesto que la actividad agraria de La Mancha Occidental tiene un gran impacto socioeconómico sobre la zona y supone el sustento de la renta de numerosas familias, a lo largo de los últimos años el regadío ha permitido una mayor generación de riqueza, empleo, fijación de la población y vertebración del territorio, pero a costa de comprometer las posibilidades de desarrollo en el futuro, el abastecimiento urbano, la calidad de las aguas y de haber dañado parajes de un alto valor medioambiental.

Por ello, la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana era necesaria como estabilidad, seguridad y garantía de futuro: estabilidad para los agricultores, porque se va a poner orden a una situación que generaba dudas todos los años; seguridad porque servirá para preservar el agua para el futuro y contribuirá a dedicar los recursos justos y necesarios para el sector agrario; y futuro, porque asegura las rentas de los agricultores.

Una de las medidas específicas es el programa de reconversión agrícola que cuenta entre sus directrices más importantes con un aumento de la eficiencia en la gestión y uso del agua disponible, el desarrollo de un modelo de gestión de los recursos hídricos y la puesta en marcha de un programa de apoyo a la agricultura de secano para aquellos que se acojan al sistema de venta de derechos de agua al banco creado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, combinando las medidas agroambientales con las de apoyo a zonas agrarias desfavorecidas y potenciando la agricultura ecológica.

Categórico rechazo a las extracciones ilegales

Julio Berbel, profesor de la Universidad de Córdoba, encaminó su intervención a expresar la necesidad de atajar el problema del uso ilegal del agua, una contradicción, bajo su punto de vista, ininteligible, inadmisible e injustificable.

En su opinión, gracias al esfuerzo realizado en los últimos años por muchos economistas agrarios y no agrarios, así como por el Instituto de Estadística y el Ministerio de Medio Ambiente, “tenemos muchísima información sobre cuánto vale el agua, pero también tenemos que atrevernos a utilizarla, ya que una cosa es la España real y otra, la España legal”, denunció, para mostrar su desacuerdo en que no se cumpla la ley: “Cuando el Estado de Derecho no se hace cumplir realmente se produce una injusticia permanente constante y muy agravante. Gobierne quien gobierne, se debe hacer cumplir la ley o cambiarla y si no se va a hacer cumplir una ley, que no se apruebe”, aseveró, solicitando transparencia en los usos del agua.

Necesidad de definir los derechos de propiedad

En opinión de Carlos Mario, para que un mercado funcione bien, “se necesita que los derechos de propiedad estén bien definidos, lo que sólo se producirá cuando el Estado decida asumir informes, aplicar la ley, etc. con todas las condiciones porque en caso contrario no se sabe muy bien qué se está vendiendo y comprando”, consideró, para añadir que la asignación de derechos adecuada no es la misma en periodo de abundancia que en periodos de escasez.

Adquisición de derechos en el Alto Guadiana

En cuanto a las ofertas de adquisición de derechos en el Plan Especial del Alto Guadiana, Consuelo Varela Ortega, involucrada en el estudio del análisis económico y social de esta cuenca, considera que se trata de una vía importante, si bien es cierto que junto a estas ofertas de adquisición de derechos de agua se tendrán que desarrollar todos los programas de las medidas de acompañamiento de reconversión del sector de riego en esa zona.

Asimismo, Consuelo Varela apuntó que mientras que la oferta de venta de derechos está basada en un estudio sobre la diferencia de renta agraria existente entre una producción de secano respecto a casos de introducción de regadío, de las reuniones que ha mantenido con los agricultores de la zona se deduce que los regantes no están calculando estas diferencias en la renta agraria, sino la diferencia en el valor de la tierra, es decir, que muchos agricultores lo que tienen en cuenta para decidir si venden sus derechos es que existe una diferencia entre el valor de la tierra en secano y en regadío, que se atribuye al agua, por lo que si no se les paga esa diferencia prefieren quedarse con la producción de secano.

Por tanto, Consuelo Varela cree que todavía está por ver cuál va a ser la respuesta de los agricultores a estas ofertas de adquisición de derechos.

En relación a los pozos ilegales, reflexionó sobre qué incentivos puede tener un regante a vender sus derechos de agua si puede hacer extracciones ilegales sin ser penalizados por ello, facultad que tienen tanto las propias Comunidades de Regantes, las cuales no quieren enfrentarse al coste social que supone tener que cerrar los pozos, como la Confederaciones Hidrográficas y, en última instancia, Europa. A esta reflexión añadió que no existe un solo caso, en el mundo de acuíferos, de uso de agua subterránea que haya podido ser gestionado con eficiencia y equidad o de una forma correcta sin que los propios usuarios se hayan involucrado, es decir, “sin que sea un proceso de abajo hacia arriba”, aclaró, ejemplificándolo con el caso de países con un control político fuerte, como los de Medio Oriente, donde es dificilísimo controlar este asunto, que es lo que se ha llamado “la revolución silenciosa”. Por ello, para Consuelo Varela el cumplimiento de la ley y el éxito del programa dependerá de en qué medida se involucren los regantes.

Desarrollo sostenible mediante el regadío

Ante la cuestión de si el regadío es un motor de desarrollo sostenible en las zonas rurales o, si por el contrario, nos enfrentamos a un dilema entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo, los participantes del taller “Agua, Territorio y Desarrollo Sostenible” se inclinaron por la primera opción, siempre y cuando exista una buena gestión.

Pablo Campos no dudó en afirmar que el regadío es el futuro, ya que “en sistemas sucesivos va a crecer, lo que es muy bueno para el medio ambiente si la regulación es adecuada”, aseveró, matizando que los procesos tecnológicos se han de integrar en toda solución ambiental para lograr realmente que esa solución sea posible.

Carlos Mario manifestó su acuerdo con que el regadío puede ser sostenible, haciendo alusión a que hace un tiempo la política agraria no era cuestionable, ya que su principal objetivo era la conservación de la renta agraria. Sin embargo, la situación ha cambiado y, en el contexto actual, la clave para compatibilizar el desarrollo agrario con la sostenibilidad consiste, por una parte, en la coordinación de políticas y, por otro, en no plantearlo como un asunto simplemente político sino asumiendo los objetivos ambientales como propios.

Consuelo Varela Ortega también se mostró bastante positiva al respecto, pero sin olvidar que se deberá equilibrar con los cultivos de secano: “En ciertas zonas de España el secano tiene un riesgo enorme, por lo que el regadío puede jugar un papel importantísimo si se consigue coordinar las políticas agrarias con las políticas de agua”, expuso.

El Plan Especial del Alto Guadiana beneficiará a más de 600.000 habitantes de Castilla-La Mancha

La entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, suscribieron el 23 de octubre de 2007 en Ciudad Real el protocolo del Plan Especial del Alto Guadiana con el que se contribuirá al ahorro de más de 200 hectómetros cúbicos de agua con el fin de mantener los equilibrios hídricos de la zona.

Tras la firma de este documento, el Consejo de Ministros aprobaría el Decreto correspondiente (el 14 de enero de 2008) constituyéndose el Consorcio oportuno, un órgano paritario entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Castilla-La Mancha, encargado de gestionar el Plan y cuya sede definitivamente está asentada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El Plan Especial del Alto Guadiana está dotado con una partida de 3.000 millones de euros, ocupa más de 20.000 kilómetros de superficie de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo y afecta a más de 600.000 habitantes de 169 municipios de Castilla-La Mancha.

Para reordenar los usos del agua en el Guadiana se están invirtiendo 40 millones de euros en la adquisición de derechos de agua para mejorar la situación del acuífero y permitir el mantenimiento de actividades agrarias sostenibles. Además, se van a adquirir 900 hectáreas de terreno por un importe de más de 60 millones de euros para contribuir a la recuperación de las Tablas de Daimiel.