En este sentido, la organización verde, que ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil esta denuncia, ha explicado que se trata de un monte de dominio público perteneciente a la Junta de Comunidades, quien a su vez tiene arrendada la caza a un particular que es el encargado de la gestión de esta actividad a través de un plan técnico que “ha de ser aprobado por los servicios provinciales de caza”.

Por estos hechos, Ecologistas en Acción ha reclamado que estos hechos, que “pueden ser constitutivos de delito, deben ser investigados”. Además, la organización afirma haber comprobado que “se han vulnerado los requisitos más elementales de sanidad en el manejo de las reses matadas en las monterías, así como en su transporte, sin las mínimas medidas sanitarias”.

“Queremos hacer una llamada de atención sobre unos hechos que resultan especialmente graves, no sólo por la vulneración de la legislación cinegética, sino porque ocurren en un monte público, cuya gestión y salvaguarda corresponde a las autoridades medioambientales, quienes deberían de tener especial cuidado a la hora de seleccionar a los arrendatarios de los cotos de caza situados en terrenos de dominio público, y no dejarlo en manos de desaprensivos esquilmadores del bien común”, ha aseverado Ecologistas en una nota de prensa.