Además, la organización pide la paralización definitiva de los derribos iniciados el pasado mes de enero y que las instituciones “insten” a un “acuerdo favorable” entre los propietarios de la finca y los inquilinos de las casas “con el que se asegure el futuro de estas históricas viviendas, más aún en este año 2018, que la Comunidad Europea ha declarado Año Europeo del Patrimonio Cultural”.

En un comunicado, los ecologistas consideran que el derribo “no es ajustado a derecho”, pese a contar con la licencia de obra del Ayuntamiento de Solana del Pino y los informes favorables de la dirección del Parque Natural del Valle de Alcudia y .

“Con ello estas dos instituciones se han sumado a la Junta de Comunidades en su negativa a considerar estas casas, si no ya como BIC, al menos como bienes de interés patrimonial o elementos de interés patrimonial, figuras todas ellas recogidas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha”, subraya Ecologistas en Acción.

El colectivo recuerda que, a finales del pasado mes de enero, los propietarios de la finca “El Manzano” se presentaron ante las casas del poblado minero, enclavado dentro de la finca, con operarios que manejaban una máquina excavadora y comenzaron a derribar las casas que no estaban habitadas, “incluso el edificio de las antiguas escuelas y la casa de los ingenieros”.

no fue comunicada previamente a los vecinos del poblado ni a la compañía eléctrica que da servicio a las viviendas, aunque los propietarios iban acompañados de algunos guardias civiles que fueron, precisamente, los que paralizaron los trabajos al observar las chispas que salían del tendido eléctrico al tocar la excavadora los cables de la línea eléctrica”, puntualiza la organización.

A juicio de esta plataforma ecologista, el derribo de estas casas, de las que ya había solicitado la declaración de Bien de Interés Cultural —junto al balneario y la fuente de agua agria—, se ha producido “sin las debidas garantías legales”.

En este sentido advierte de que “aunque la Junta de Comunidades no ha accedido a incluir las viviendas en la declaración de BIC, no se ha producido ninguna sentencia que aclare si estas casas son propiedad de la finca o de las familias de los antiguos mineros, que las han transmitido a través de los años por medio de acuerdos verbales, ya que los propietarios de la finca se han negado a emitir recibos de los alquileres que abonaban los usuarios de las viviendas”.

Añade Ecologistas en Acción que “en ningún momento los propietarios se han preocupado de la recogida, con las debidas garantías, de los restos de uralita que han quedado esparcidos a la intemperie entre los escombros de las casas derribadas”.

“Hay que recordar que uno de los componentes de la uralita es el amianto, y su retirada está estrictamente regulada y protocolizada debido a su toxicidad”, concluye el colectivo.