El artículo 7 de la citada norma establece que la caza deportiva y comercial es una actividad “incompatible” con los Parques Nacionales. Sin embargo, estas organizaciones consideran que es necesaria la vuelta a la actividad cinegética porque en la última década, los municipios del entorno de sendos parques ha perdido población, renta y empleo.

Así señalan que prohibir la caza generaría un impacto socieconómico sobre el entorno, que pondría en peligro la viabilidad de los ecosistemas de los Parques Nacionales, según un informe de las universidades de Extremadura y Castilla-La Mancha presentado este martes en y Ciudad Real.

Además de peligro para el futuro de los municipios del entorno, el estudio advierte de que incluso podría peligrar la propia conservación de los Parques Nacionales por los efectos medioambientales de una densidad creciente de especies silvestres.

En concreto, los 14 municipios del entorno del Parque Nacional de Monfragüe (declarado como tal en 2007) han perdido un 2 por ciento de su población en los últimos 10 años, a lo que se suma el descenso de la renta familiar disponible en todos los pueblos de la zona y un aumento del 82 por ciento del número de parados. En todos los casos, la evolución de estas estadísticas es peor a la registrada en el conjunto de la provincia.

Por su parte, en la zona de influencia de Cabañeros, formada por seis municipios desde la declaración de Parque Nacional (en 1995) ha perdido casi un 19 por ciento de la población, mientras que el paro ha aumentado más de un 40 por ciento en la última década.

El informe, que reconoce que la declaración de ambos parques fue un “hito” para la conservación de la naturaleza, afirma que desde el punto de vista de desarrollo del territorio, se detectan “problemas estructurales de gran entidad que no parecen haber disminuido con la declaración y gestión de ambos espacios protegidos”.

En este contexto, advierten del gran impacto en la zona por los daños generados por la excesiva densidad de especies silvestres como el ciervo o el jabalí, que sigue aumentando.

En su argumentación, Fundación Artemisán y FEDEXCAZA opinan que prohibir la caza incluso contradice la propia Ley de Parques Nacionales, que en su artículo 5 incluye como objetivo “el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas, en coherencia con el mantenimiento de los valores culturales, del patrimonio inmaterial y de las actividades y usos tradicionales consustanciales al espacio”.

Por ello, piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que sea “valiente” para afrontar una situación que consideran “crítica” en la que estas zonas se enfrentan a la amenaza de la despoblación rural a pesar de tener capacidad para desarrollar riqueza a través de actividades tradicionales como la caza.

El informe de las dos instituciones universitarias y sus conclusiones ha sido presentado en el y próximamente se trasladará también a los parlamentarios y administraciones reginoales de Extremadura y de Castilla-La Mancha, ya que la gestión de los Parques Nacionales corresponde a las comunidades autónomas. *