En una comparecencia ante más de 50 medios de comunicación de la región, García-Page ha señalado que, a tenor del recurso, habrá “quien vea demagogia” en esa decisión del Gobierno de la nación, pero ha recalcado que el recurso “tiene que ver con un aspecto técnico” relacionado con las infraestructuras del Estado “muy concreto” y que “puede llevar a confusión”.

De hecho, ha manifestado que la castellano-manchega es de las leyes de caza “más avanzadas de España”, y ha avanzado que su Ejecutivo va a poner en marcha, a través de la Consejería de Agricultura, y , una “macrocampaña” de información sobre el sector cinegético, “que es clave para Castilla-La Mancha”. “No vamos a permitir que haya una contracultura que intente prohibir” aquello que ya está amparado legalmente, ha destacado.

El recurso de inconstitucionalidad se refiere al artículo 8, que se refiere a la responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas. En concreto, reza que “la responsabilidad de la indemnización por los daños agrícolas, forestales o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, será del titular de la infraestructura. Dicho titular será, además, el responsable de controlar en la zona de seguridad las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En este contexto, ha mostrado su preocupación por el hecho de que pudiera haber “una tentativa” o “amenaza” similar contra la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La Mancha, toda vez que “hemos ido a una ley de máximos” y “puede que haya algunos letrados” y algunos “análisis jurídicos” que “piensen que protegemos más de lo que permiten las competencias autonómicas a las mujeres”.

Tras rechazar que haya “una discusión de fondo ideológica” sobre este asunto, porque el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha piensan “de la misma forma”, sí ha explicado que podría haber una “discrepancia” sobre “hasta dónde puede llegar las competencias de la Comunidad Autónoma”, habida cuenta de que el texto regional ha hecho un “esfuerzo para amparar y ampliar el concepto de víctima” a los efectos de proteger y ampliar ayudas así como la protección y el concepto.

Emiliano García-Page ha recordado que la anterior ley castellano-manchega de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas “se vio como un atentado a las competencias del Estado” y finalmente “no solo se ha extendido a todas las autonomías sino que se ha hecho viral en términos jurídicos”.

No obstante, ha añadido que también el Ejecutivo autonómico va a explicar a la ciudadanía este texto. “Pensé que estaban superados muchos debates”, ha manifestado García-Page, cuya intención es el de, “de aquí hasta que sea posible” de forma institucional y electoral, explicar este texto a los ciudadanos.

Será a través de otra “macrocampaña” informativa, en la que se invertirán no menos de un millón de euros, “para que la ciudadanía entienda perfectamente lo que ha supuesto el objetivo y el logro alcanzado” en esta lucha. “No puedo entender que se puedan enseñar unos valores en la educación y se toleren mensajes que como mínimo confunden a la opinión pública”.

En este ámbito y sobre el programa electoral de Vox al respecto, ha considerado que “no es bueno que en España haya gente que quiera acabar con el machismo y gente que pierda ahora la vergüenza para hablar del machismo”.

“Si Vox quiere hacer política reaccionaria en relación con la igualdad, que lo diga todavía más claro, lo peor no es lo que dicen sino lo que sabemos que quieren decir pero no terminan de decir; lo peor son las justificaciones a medias, las ambigüedades y el cinismo en materias que no admiten fronteras”.