Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado durante todo el fin de semana en la localidad conquense de El Provencio su vigésima asamblea regional en la que ha decidido que no suscribirá el Pacto Regional del Agua

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia en los que los grupos que conformaron la federación se han consolidado y, además, se han ido incorporando otros nuevos, ha informado en nota de prensa.

“Pero lo que es más importante es que hoy por hoy la asociación es un sólido referente de la defensa del en Castilla-La Mancha al que todo tipo de entidades y la ciudadanía en general se puede dirigir para hacer frente a cualquier situación de carácter ambiental”, señala.

Del resultado de las deliberaciones llevadas a cabo en la Asamblea, Ecologistas ha constatado que el Gobierno regional, tras un inicio de legislatura prometedor en algunos aspectos, “está dando cada vez más la espalda al medio ambiente y está alcanzado cotas y llevando a cabo acciones que recuerdan a las de Gobiernos anteriores”.

“Especialmente lamentable es la contribución desde la portavocía del Gobierno al clima de acoso y menosprecio que sufren quienes defienden el medio ambiente desde posiciones discrepantes a las del propio ejecutivo o a las de entidades con intereses meramente económicos”, ha indicado, para agregar que el caso del trato dado al ‘Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou’ es uno de los que ejemplifican esa situación.

Asimismo, ha reclamado del Gobierno que se recupere “de inmediato” un talante democrático y de respeto a toda la ciudadanía “que nunca se debiera haber perdido, en especial a la que discrepa”. “En los últimos tiempos se han incrementado las acciones de acoso a activistas medioambientales y a simples ciudadanas y ciudadanos que sólo pretenden un mundo y una Castilla-La Mancha mejor. Esto se tiene que acabar y el Gobierno debe dar ejemplo, no contribuir a alimentar este tipo de situaciones”.

Bajo su punto de vista, las decisiones del Gobierno regional sobre diversos temas de interés público están afectando “muy negativamente” al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos, y “no son coherentes con su posición cuando de lo que se trata es de reclamar a otros sus responsabilidades”.

“No son de recibo, están fuertemente contestadas y deben por ello ser reconsideradas, las decisiones de apoyar la instalación masiva de macrogranjas porcinas, de no poner coto a las emisiones que asfixian nuestros pueblos, de favorecer la instalación de macrovertederos de residuos industriales, de apoyar la caza frente a la conservación de la naturaleza y al desarrollo de actividades sostenibles”, argumenta.

Del mismo modo, indica que también se pone en entredicho la capacidad del Gobierno regional de asumir la gestión de los parques nacionales, de aumentar la red de espacios protegidos o de dotar a los parques naturales y a la Red Natura 2000 de los planes de uso y gestión que se requieren para garantizar su conservación y uso público.

Por ello, exhorta a un “giro de verdad” en las políticas de desarrollo y a un impulso cierto de las medioambientales, así como a la creación de un marco regional que garantice el derecho al medio ambiente y a la protección de la defensa medioambiental. “También a dotar de medios humanos y de independencia a una Viceconsejería de Medio Ambiente a la que no se le ha permitido cumplir con su cometido”.