En nota de prensa, la organización agraria ha denunciado que la Consejería de Agricultura no ha certificado a tiempo los trabajos realizados por los viticultores que solicitaron las ayudas en 2017 y, como consecuencia, no se han efectuado los pagos de esos expedientes y, además, supondrá una merma que puede oscilar entre 15 y 18 millones de euros del presupuesto para la aplicación de los Planes de Reestructuración 2018 y 2019.

Los viticultores finalizaron sus trabajos antes del 15 de junio de este año, una vez adelantado este plazo por parte de la Administración regional, para que los técnicos de la Consejería pudieran certificar las tareas agrícolas y así proceder al pago de los expedientes antes del 15 de octubre de este año.

“Sin embargo, las certificaciones no llegaron a tiempo y, para evitar perder más dinero de los fondos europeos, la Consejería de Agricultura ha dedicado parte del presupuesto de 2017 para pagar algunos anticipos de los expedientes del 2018, pero dejando sin presupuesto necesario para atender todas las solicitudes de este año y reduciendo la cuantía del siguiente”, han denunciado.

Así pues, la Administración regional tendrá que acudir al criterio de concurrencia competitiva, es decir, atender las solicitudes según la puntuación.

Según la organización agraria esta situación afectará a muchos viticultores de la región y a unas 4.000 hectáreas de viñedo que, a pesar de haber solicitado sus ayudas en tiempo y forma, no podrán percibir ninguna cuantía.

Por ello, Asaja Castilla-La Mancha ha exigido a la Consejería de Agricultura “más responsabilidad y compromiso ante la deficiente gestión y falta de previsión” y ha recordado, que las ayudas de reestructuración de viñedo siguen siendo una de las más demandadas en la región, por lo que resulta “incomprensible” que se pierdan fondos europeos por estos motivos.