En este encuentro, ha habido acuerdo unánime de todas las diputaciones representadas en denunciar la imposibilidad de que las administraciones locales puedan reinvertir cerca de 5.000 millones de euros de superávit por las restricciones impuestas por el . Se trata, según estima la propia FEMP, de una inversión que rondaría el 0,6% del del país, un porcentaje de tal importancia que Cabañero consideró “absolutamente prioritario que el Gobierno de España nos permita invertirlo porque son precisamente las entidades locales las más cumplidoras con los criterios de gasto y es precisamente a ellas a las que se castiga”.

Según Santiago Cabañero, es “a todas luces injusto que los vecinos y vecinas de esta provincia no puedan ser los beneficiarios de las inversiones que saldrían de las cuentas saneadas de sus ayuntamientos y de la Diputación porque el Ministerio ha decidido que ese dinero se utilice en tapar agujeros de otras administraciones”. Por ello, el presidente de la Diputación de Albacete se ha prestado a trasladar este mensaje de la FEMP a los ayuntamientos de esta provincia “con el fin de aunar esfuerzos para acabar de una vez por todas con esta situación, que afecta a todas administraciones locales, independientemente de su color político, y que de solucionarse supondría una fuerte dinamización económica de esta provincia porque al superávit de Diputación habría que sumar el obtenido por todos los consistorios”.

Para finalizar, el presidente de la Diputación de Albacete rechazó asimismo el criterio adoptado por el Gobierno de poder acometer exclusivamente “inversiones financieramente sostenibles, cuando demostramos cada año con un superávit tras otro que nuestra situación económica es más que sostenible”.

En la Comisión de Cabildos y Diputaciones de la FEMP se abordaron otros asuntos de interés, como la nueva Ley de Contratos de la , los problemas de despoblamiento, la agenda digital o la tasa de reposición de efectivos y la financiación local.